POLITUR reporta 31 mujeres detenidas en una semana, mientras surge una interrogante sobre el alcance legal de estos operativos y la responsabilidad del Estado de ofrecer protección, oportunidades y alternativas económicas.

Por MakaoRadio.com 

La prostitución vuelve a ocupar el centro del debate en Bávaro–Punta Cana, uno de los principales destinos turísticos de la República Dominicana.

Según informaciones publicadas por el medio Bávaro Digital, la Policía de Turismo (POLITUR) reportó la detención de 31 mujeres durante operativos realizados entre el 20 y el 26 de octubre de 2026.

El medio también recoge otros balances: 16 detenidas entre el 2 y el 7 de septiembre, 26 entre el 6 y el 12 de octubre y 17 entre el 13 y el 19 de octubre. En conjunto, las cifras divulgadas suman 90 detenciones reportadas en esos períodos.

Sin embargo, más allá de los números, existe una realidad social que merece una discusión mucho más profunda.

¿Qué delito cometieron esas mujeres? ¿Fueron detenidas por ejercer la prostitución, por alguna infracción específica o por otras circunstancias? ¿Qué ocurre con ellas después de ser conducidas a un destacamento policial?

Y, sobre todo, ¿qué alternativas les ofrece el Estado cuando regresan a sus hogares y deben conseguir dinero para alimentarse, pagar alquiler, mantener a sus hijos o sobrevivir?

La prostitución y el vacío de protección social

En República Dominicana, el ejercicio voluntario de la prostitución entre personas adultas no está prohibido de manera general por el solo hecho de intercambiar servicios sexuales por dinero.

Esto no significa que todas las actividades vinculadas sean legales. La trata de personas, la explotación sexual, determinadas conductas de proxenetismo y la explotación de menores están sujetas a sanciones penales.

Esa distinción resulta fundamental.

El Estado tiene la obligación de perseguir las redes de explotación, proteger a las víctimas, investigar delitos y preservar la seguridad ciudadana. Pero el ejercicio del trabajo sexual por una persona adulta no debe confundirse automáticamente con una conducta delictiva.

Por eso, cada operativo policial debería estar acompañado de explicaciones claras sobre las razones legales de las detenciones, el respeto al debido proceso y los resultados de las investigaciones.

Detrás de cada mujer hay una historia que no aparece en las estadísticas

Es fácil hablar de 31 mujeres detenidas. Más difícil resulta preguntarse quiénes son, de dónde vienen y cuáles circunstancias las llevaron a dedicarse a esa actividad.

Algunas podrían ser madres solteras, mujeres desempleadas, migrantes en condiciones de vulnerabilidad o personas que han sufrido violencia, abandono y exclusión económica.

Otras podrían haber elegido voluntariamente el trabajo sexual como fuente de ingresos.

No todas tienen la misma historia y sería injusto asumir que todas son víctimas de explotación o que ninguna desea abandonar esa actividad.

Sin embargo, hay una pregunta que las autoridades deben considerar:

¿Cómo se le pide a una mujer que abandone su principal fuente de ingresos cuando no tiene otra alternativa para vivir?

Detenerla una noche no resuelve sus necesidades económicas. Retirarla de una avenida no garantiza que consiga empleo. Y trasladarla a un destacamento no necesariamente la protege de la violencia, las enfermedades, las extorsiones o los abusos.

El problema no desaparece porque deje de ser visible para los turistas.

El turismo necesita seguridad, pero también respeto a los derechos humanos

Bávaro–Punta Cana depende considerablemente de su actividad turística. Es comprensible que las autoridades procuren mantener el orden, prevenir delitos y evitar situaciones que afecten la convivencia en los espacios públicos.

También es legítima la preocupación de residentes y comerciantes por determinadas actividades nocturnas.

Pero la seguridad turística no puede reducirse a retirar mujeres de las calles.

La fiscalización debe centrarse en conductas concretas que infrinjan la ley, independientemente de quién las cometa.

Una política de seguridad que no distinga entre trabajo sexual voluntario, explotación, trata, acoso y otros delitos corre el riesgo de producir arbitrariedades y aumentar la vulnerabilidad de las personas involucradas.

¿Qué deben hacer las instituciones del Estado?

Ministerio de la Mujer: protección y oportunidades

El Ministerio de la Mujer puede desempeñar un papel fundamental mediante programas de acompañamiento psicológico, prevención de violencia, capacitación laboral y orientación para acceder a oportunidades económicas.

Sería pertinente establecer equipos de atención en zonas turísticas que puedan acercarse a las mujeres sin criminalizarlas, identificar posibles víctimas de explotación y ofrecer rutas voluntarias de apoyo.

La salida del trabajo sexual, para quienes la desean, requiere algo más que orientación: necesita oportunidades reales de empleo, formación y autonomía económica.

Ministerio de Interior y Policía: fiscalización con reglas claras

Interior y Policía, junto con la Policía Nacional y POLITUR dentro de sus respectivas competencias, debe garantizar que los operativos se ejecuten con fundamentos legales, protocolos verificables y respeto a los derechos fundamentales.

Las autoridades deberían explicar públicamente cuántas personas fueron detenidas, por cuáles causas, cuántas fueron liberadas y cuántos casos se remitieron al Ministerio Público.

También es importante establecer mecanismos de denuncia frente a posibles extorsiones, abusos o actuaciones discriminatorias.

La prevención del delito y el mantenimiento del orden público no deben confundirse con la penalización automática de la pobreza.

Ministerio Público: perseguir la explotación, no presumir culpabilidad

La Procuraduría General de la República tiene una responsabilidad esencial en la investigación de la trata de personas, la explotación sexual, la violencia y los delitos asociados.

Cuando existan indicios de coerción, amenazas, retención de documentos, explotación de menores o redes criminales, corresponde activar las investigaciones y los mecanismos de protección.

Pero cuando se trate de personas adultas que ejercen voluntariamente el trabajo sexual, las autoridades deben identificar qué conducta concreta, si alguna, constituye una infracción.

La presunción de inocencia y el debido proceso no desaparecen por la actividad económica de una persona.

Ministerio de Turismo: seguridad y desarrollo social

El Ministerio de Turismo puede contribuir a una respuesta coordinada con el sector hotelero, las autoridades laborales, los centros de formación y las organizaciones comunitarias.

Una posibilidad sería impulsar programas de inserción laboral para mujeres que voluntariamente quieran cambiar de actividad, vinculándolas con oportunidades en hotelería, gastronomía, comercio, emprendimiento y servicios.

El turismo no solamente debe generar riqueza para las grandes inversiones. También puede contribuir a crear oportunidades para las comunidades que conviven con esa industria.

¿Y si no tienen otra forma de ganarse la vida?

Aquí se encuentra una de las preguntas más difíciles de este debate.

Una mujer puede necesitar dinero hoy, no dentro de seis meses. Puede tener hijos esperando comida, una renta vencida o deudas que no admiten demora.

Por eso, un programa que pretenda ofrecer alternativas debe contemplar apoyos de transición, acceso a servicios sociales, formación compatible con sus responsabilidades familiares y oportunidades laborales con ingresos suficientes.

Tampoco sería razonable imponer programas de rehabilitación a mujeres adultas que no se consideran víctimas ni desean abandonar el trabajo sexual.

La intervención del Estado debe respetar su autonomía, al tiempo que ofrece protección frente a la violencia y posibilidades de elegir otro camino.

La verdadera libertad de elección también depende de tener alternativas.

Una respuesta integral para Punta Cana

El debate no tiene que limitarse a dos extremos: permitir cualquier actividad sin fiscalización o responder exclusivamente mediante operativos policiales.

Existen medidas intermedias que merecen discusión pública: protocolos de actuación policial, servicios confidenciales de salud, prevención de infecciones de transmisión sexual, identificación de víctimas de trata, orientación jurídica, programas de empleo y mecanismos de denuncia.

También debe analizarse cómo prevenir que las medidas de control desplacen la actividad hacia lugares más clandestinos, donde las mujeres puedan quedar expuestas a mayores riesgos.

La regulación debe sustentarse en un marco jurídico claro, datos confiables y consultas con las comunidades, las instituciones, los especialistas y las propias personas afectadas.

Detener no es transformar

Las 31 detenciones reportadas por POLITUR deberían abrir una conversación que vaya mucho más allá de las estadísticas policiales.

¿Cuántas de esas mujeres recibieron asistencia social? ¿Cuántas fueron identificadas como posibles víctimas de explotación? ¿Cuántas recibieron orientación para acceder a un empleo? ¿Cuántas regresaron a las mismas calles porque no tenían otra fuente de ingresos?

Son preguntas que merecen respuestas institucionales.

La República Dominicana tiene derecho a proteger su industria turística, garantizar la seguridad ciudadana y combatir las redes de explotación sexual.

Pero también tiene el deber de respetar la dignidad de las personas y construir oportunidades para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Porque sacar a una mujer de una calle no significa necesariamente sacarla de la pobreza.

Y mientras no existan alternativas económicas reales, los operativos podrán cambiar temporalmente el paisaje de una avenida, pero difícilmente transformarán las condiciones sociales que mantienen vivo el problema.

La pregunta no es solamente cuántas mujeres ha detenido POLITUR. La pregunta es cuántas vidas está ayudando el Estado a transformar.

Atte: Alex Domingo (CEO MakaoRadioTv)

Escrito por Alex Domingo