Roberto Santana denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria donde el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos todas las semanas. Y señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas.

Mientras que Juan Dionisio Restituyo, presidente de la  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que la cárcel de La Victoria “produce 100 millones de pesos mensuales” de los que solo ocho teléfonos públicos dejan ocho millones de pesos.

Santana, quien es asesor honorifico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, señala a funcionarios de la Procuraduría y al propio Gobierno como responsables de que el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras del municipio San Antonio de Guerra (investigada en el caso de corrupción Medusa) no esté funcionado.

Fuente: Externa