Máximo Pérez Berigüete, acusado por el Ministerio Público de traficar armas hacia Haití, poseía un carnet de plástico con el membrete «Gobierno de la República Dominicana-Interior y Policía», que lo identificaba como Inspector en la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA). Este documento fue encontrado durante un allanamiento en su residencia en Comendador, provincia de Elías Piña, específicamente en la primera gaveta de una cómoda.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron una placa de la República de Haití con el número BB-48010 y otros elementos vinculados al caso. Este allanamiento fue realizado por miembros del Ministerio Público, la Gerencia de Inteligencia de la Dirección General de Aduanas y el Homeland Security Investigation (HSI) de Santo Domingo.

Tras la presentación de pruebas, un tribunal impuso un año de prisión preventiva a Pérez Berigüete y a Urbano Eugenio García, ambos acusados de formar parte de una red de tráfico de armas hacia Haití. García cumplirá su condena en Haras Nacionales, mientras que Pérez Berigüete será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

El cargamento interceptado incluía más de 36,000 cápsulas de distintos calibres, 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para fusil calibre 50, un silenciador y una caja de pistolas. Además, se encontraron 23 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 17 fusiles calibre 7.62, un fusil calibre 9, cinco pistolas Glock calibre 9 milímetros y una ametralladora Uzi. Este decomiso se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas, durante la inspección de un contenedor en tránsito procedente de Miami, Florida, con destino final a Haití.

Cabe destacar que la empresa de envíos involucrada, Eugenio Trading, propiedad de Urbano Eugenio García, llevaba operando más de cinco años. Entre 2020 y 2024, la compañía recibió aproximadamente 20,535,830 pesos y 160,764 dólares por sus servicios de envío.

Este caso resalta la problemática del tráfico de armas en la región y la utilización de documentos oficiales, reales o falsificados, para facilitar actividades ilícitas.